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22 Febrero 2017

Alta presión al Gobierno por una rebaja tarifaria de Aena

Cinco Días

La cuestión de si Aena mantiene o rebaja las tarifas que cobra a las compañías aéreas por sus operaciones en los aeropuertos españoles está a un paso de convertirse en asunto de Estado. Con un turismo al alza, que ha recobrado peso en la economía ante la debacle de la construcción, se trata ahora de proteger la cuenta de resultados de la compañía pública cotizada o penalizar sus ingresos y elevar los incentivos para ayudar a que las aerolíneas y sus clientes elijan España como destino.

La aprobación del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), sobre el que se conoce la propuesta de congelación tarifaria de Aena –de la que se ha desmarcado Fomento–, y el consejo no vinculante de rebaja del 2,02% por año de la CNMC, viene con retraso. Y aún va a ser sometida al escrutinio de comunidades, ayuntamientos, cámaras de comercio y demás estamentos incluidos en los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

Estos órganos, presididos por el ministerio y de los que el madrileño fue el primero en constituirse hace tres años, son de carácter consultivo y reparten diez sillones: tres son para Aena; otros tres vocales hablan en representación de las corporaciones locales del ámbito de influencia del aeropuerto en cuestión; dos personas proceden del Gobierno autonómico; un asiento es para la Cámara de Comercio, y el décimo vocal se reserva para organizaciones económicas y sociales, siendo designado por la Comunidad Autónoma.

Se da por descontado que Fomento va a encontrar franca oposición a la política tarifaria que quiere impulsar Aena en puntos clave como Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía.

La presión sobre el Gobierno, que debe establecer las tarifas a través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y aprobarlas en Consejo de Ministros, es considerable. Los precios entran en vigor el 1 de marzo y sirven de punto de partida para los de los próximos cinco años, existiendo una ley que impide su incremento. De hecho, la ex ministra de Fomento, Ana Pastor, estableció el compromiso de no elevar tarifas en diez años, asentando un modelo estable a largo plazo y que, en principio, contó con el aplauso de aerolíneas y resto del sector turístico.

Ahora son las unas y los otros quienes piden rebajas superiores al 2,5%. Opiniones a las que se suman los partidos en la oposición: “Aena dice que no es posible bajar las tasas, el sector aeroportuario dice que sí se pueden bajar y en medio de todo está la supuesta privatización de Aena. ¿A quién beneficiaría en este país que no se bajaran las tasas aeroportuarias? Seguramente a los que ya hicieron un gran negocio durante otro tiempo”, se espetó desde la bancada socialista al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la Comisión de Fomento del Congreso celebrada la semana pasada.

Ciudadanos, el otro partido en que trata de apoyarse el Gobierno en busca de pactos, pide que el DORA se debata en la Cámara Baja: “Es lo suficientemente importante como para que los grupos parlamentarios puedan opinar”, sostienen desde la formación naranja.

Conocida la posición contraria de la CNMC a la congelación, los presidentes del Consejo de Turismo de CEOE, Joan Gaspart, y del Consejo del Transporte, Rafael Barbadillo, defendieron un descenso de los niveles tarifarios de Aena, considerando que se trata de una medida que fomentará la actividad económica y favorecerá al turismo. Ambos trasladaron su opinión por carta al director general de Aviación Civil, Raúl Medina.

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